La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tomará este viernes una decisión que le puede hacer perder a la Argentina más de 2.500 millones de dólares.

Los siete jueces que conforman el tribunal definirán una de tres opciones sobre la causa que el fondo Burford le inició a la Argentina por la manera en que se reestatizó la petrolera YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner y que, según los demandantes, perjudicó a los accionistas que no eran la española Repsol, informó Ambito.

Las tres opciones son:

1) Rechazar el pedido realizado por los abogados que representan a la petrolera argentina de dejar sin efecto la causa

2) Aceptar la causa y dejar en firme las sentencias de primera y segundo instancia en contra del país

3) Que se solicite la opinión al consultor general para las cuestiones judiciales clave. En este caso, ese consultor sería el gobierno de los Estados Unidos; el que, se descarta, fallaría a favor del país. No por convicción sino por la cercanía que Donald Trump mantiene con Mauricio Macri.

Ya le ocurrió a la Argentina en el caso de los fondos buitre que el gobierno de Barack Obama le recomendó a la Corte que acepte el rechazo planteado por la Argentina, lo que luego fue rechazado por el máximo tribunal dejando firme el primer fallo en contra de Thomas Griesa y obligando a la Argentina a pagarle a los acreedores unos 9.000 millones de dólares que terminaron de liquidarse en abril de 2016.

La decisión que tomen los jueces de la Corte se conocerá el lunes 7, y definirá los próximos meses judiciales del país en los tribunales norteamericanos.

La causa entró en terreno de definiciones en junio del 2018, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York avaló la decisión que había tomado en primera instancia de la jueza Loretta Prieska, de rechazar el reclamo argentino para que el caso pase a tramitarse en los tribunales de Buenos Aires. Esta decisión de segunda instancia fue apelada y hoy es la Corte la que decide.

La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital, dedicado a comprar juicios alrededor del mundo a particulares y compañías en crisis, pero que tienen causas más o menos sólidas para litigar en los tribunales internacionales.

Lo que ofrece Burford es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales.

De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio del 2013; con lo que pudo esperar una definición durante más de seis años. El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012.

Burford le había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U. (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.

Según comenta el especialista Sebastián Maril al matutino, “Burford tiene derecho al 70% de una posible sentencia favorable en el caso de YPF por el cual pagó u$s15 millones más los gastos. Burford estima que el valor del caso de YPF es de u$s800 millones y ya ha realizado transacciones en el mercado secundario por una ganancia de u$s121 millones. Al 30 de junio de 2018, Burford ya había vendido a inversores institucionales el 28,75% de los derechos de litigar contra YPF por u$s136 millones”. Para todos será un gran negocio, en el caso que la Corte Suprema de EE.UU. vuelque la balanza a favor de los litigantes.

El fallo global podría llegar a los 2.000 millones de dólares de capital, más los intereses que fije el tribunal primario más los gastos generados por toda la causa. Según la jurisprudencia que quedó por el juicio a los fondos buitre, el dinero global podría llegar a los u$s2.500 millones, o aún más. Ese dinero deberá ser pagado por el Estado argentino y no por la petrolera, ya que fue el Gobierno el responsable máximo de la operación de reestatización.

Los dólares irían, en parte (unos u$s800 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar.

Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagar el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s 66 millones.