Exclusivo: cómo será el negocio de la obra pública con el traspaso a las provincias si se aprueba la Ley Bases
En la última versión de la Ley Bases que circula entre los senadores, se incluye un título que negoció el Gobierno con los gobernadores, para que puedan hacerse cargo de la finalización de las obras públicas que quedaron paralizadas, a veces con más del 60% de ejecución, a través de sus bancos provinciales o en negociación con privados.
En esta versión de la Ley Bases, se plasmó en el Título III artículo 64 a 73 que el Poder Ejecutivo, previa intervención de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación, por razones de emergencia, podrá disponer la reconducción de los contratos de obras y servicio públicos que estén paralizados, a efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado.
Un grupo de gobernadores encabezados por el chubutense Ignacio Torres ven en esta versión de la Ley Bases que pone en vilo al mercado una oportunidad histórica para, mediante propios fondos o haciendo jugar a sus bancos locales, dar un salto que les dará un fuerte rédito político, según una fuente cercana a uno de esos mandatarios.
Como parte de la negociación de los artículos 64 y 65 de la media sanción de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó negociar la obra pública, diciendo a los gobernadores "háganse cargo, yo se las cedo", según la fuente.
Todo el arco político nacional, sea cual sea el espacio de pertenencia, reconocen que la obra pública desde diciembre de 2023 cruje. Están cortados los pagos y frenadas las obras, muchas de ellas al 90% de su ejecución, y se cortaron los pagos de los certificados de avance, llevando a que centenares de obreros de la construcción sean inmediatamente desvinculados.
Hay básicamente dos tipos de obras, las que dependen directamente de la Secretaría de Habitad, hoy bajo las órdenes del ministro Caputo, y otras estructuradas mediante fondos fiduciarios como el dedicado a la construcción de viviendas PROCREAR, donde el Banco Hipotecario es el fiduciario.
El gobernador Torres se queja porque en la ciudad de Trelew, por ejemplo, el barrio PROCREAR cuenta con más de 200 viviendas casi terminadas, pero la construcción fue suspendida y fueron desvinculados más de 600 trabajadores de la UOCRA, sin que el Banco Hipotecario sepa bien qué hacer.
Los fondos fiduciarios implican alrededor del 2% del PBI, e inciden en forma directa sobre la cantidad de dinero disponible que tiene cada uno de los 24 distritos del país
Sin embargo, ante esta situación excepcional, dramática y posiblemente nunca vista, algunos especialistas consideran que es una formidable oportunidad para el desarrollo político de los gobernadores.
Al respecto, sostiene José Ignacio Bellorini, diplomado en Contratos de Infraestructura Pública, que es una chance importante para que cada gobierno provincial pueda creativamente también poner en valor las posibilidades de la Ley Bases.
Esto es así, porque le garantizaría renegociar los términos de salida del Estado Nacional a los contratos en ejecución, para el caso que no quieran terminarlos, asegurando el pago de la deuda contraída con las contratistas, afirma.
Se trata de lograr la cesión de las obras a favor de las provincias para su conclusión en cabeza de cada gobierno provincial; cesión condicionada al pago previo al menos de la deuda devengada en cabeza de las contratistas, advierte.
Es la chance para que cada provincia gestione sus propias obras y utilice todas las herramientas financieras posibles, haciendo jugar fuerte a los bancos provinciales, que hoy tienen acumulación de pesos, como forma de poner en marcha nuevamente la obra pública y la economía local dinamizada en los obreros de la construcción y proveedores locales, considera Bellorini.