La irrupción de una nueva fuerza laboral sin protección legal encendió el debate en la 19 conferencia regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que concluyó el viernes pasado en Panamá. Allí la delegación sindical argentina representada por Gerardo Martínez (CGT) y Pablo Micheli (CTA) advirtó sobre el impacto de las “apps” en la eliminación de empleos tradicionales y el “trabajo seguro y decente”, uno de los objetivos propuestos por Naciones Unidas (ONU) de cara al 2030 que el Gobierno de Mauricio Macri incluyó en su agenda laboral y que ahora enfrenta dificultades por la recesión.

Las críticas a la colombiana Rappi, la española Glovo o la estadounidense Uber emergieron en las reuniones de trabajo del organismo, en donde representantes de 35 países analizaron durante toda la semana pasada “el futuro del empleo”. Este sector de la economía registra altas tasas de inversión y crecimiento, a contramano del estancamiento económico, el creciente desempleo y caída de los ingresos que vive la región según el crudo diagnóstico que brindó el director de la OIT, Guy Ryder.

Pero los sindicalistas se quejan por el incumplimiento de la legislación laboral y la destrucción de puestos de trabajo en otras actividades, que se verían perjudicadas por el avance de las nuevas tecnologías. “Nosotros propusimos que se contemple en el documento final la precariedad laboral y el riesgo de que se pierdan cientos de miles de empleos por la revolución 4.0”, dijo a iProfesional el titular de la CTA Autónoma.

La discusión en la OIT se dio en paralelo a la decisión de Amazon de elevar el salario mínimo en Estados Unidos y el Reino Unido, en donde emplea a cerca de 400.000 personas. La mayor plataforma de comercio electrónico del mundo anunció la semana pasada que a partir del 1 de noviembre el piso salarial será de u$15 dólares en Norteamérica y de u$s13,6 en Londres. Fue luego de la protesta global del movimiento "Fight for u$s15" (Lucha por 15 dólares) y las denuncias del senador demócrata Bernie Sanders contra la empresa de Jeff Bezos. 

Mientras el gigante del retail estudia instalarse en Argentina, la rápida expansión de los servicios de delivery y traslado de personas “on demand” capturó la atención de los sindicalistas locales, quienes apuntaron en el foro que depende de la ONU contra el uso de la figura del monotributo para eludir leyes laborales y la sindicalización del personal. Micheli comparó el efecto de las plataformas tecnológicas sin regulación con la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem, período en el que en simultáneo a las privatizaciones y la reducción del empleo público se incrementó la informalidad laboral a través de remiserías, kioskos y parripollos.

“Argentina vuelve a ser el conejillo de indias de la región con los chicos en bicis y mochila al hombro”, dijo el gremialista.

Avances tecnológicos son conquista humana y como tales deben estar al servicio de la humanidad y no al servicio de concentración de la riqueza y desigualdad. Entrar al #FuturoDelTrabajo pensando en futuro de la humanidad dijo Antonio de Lisboa deleg. trabajadores #Brasil #19RRA pic.twitter.com/xK7m9jzEgW — OIT América Central (@OIT_AmerCentral) 4 de octubre de 2018

Por la CGT, Martínez planteó la necesidad de la "adaptación de las nuevas formas con protección social y condiciones dignas de trabajo”. “Es lo que llamamos la transición justa, que no paguen los trabajadores los avances de la tecnología”, sostuvo el titular del gremio de la construcción (Uocra) y diplomático de la principal central obrera del país, en donde el año pasado se formó una comisión para estudiar el impacto de la tecnología sobre el empleo, que finalmente fue desactivada. 

En contraste con los cuestionamientos sindicales, la comitiva encabezada por el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y los representantes de la UIA defendieron al igual que sus pares de la región la generación de empleos propiciada por la “revolución 4.0”, con la condición de regular la actividad, cuidar los derechos de los trabajadores y evitar la competencia desleal. "Tiene que haber un nuevo contrato social tecnológicoy los trabajadores deben capacitarse a lo largo de toda su vida", explicó Pablo Dragún, director del centro de estudios de la UIA.

Luego de intensas negociaciones, esos planteos fueron recogidos en la "Declaración de Panamá" que fue publicada finalmente este lunes, dos días después de finalizado el evento. Allí se recomienda “mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades de las revoluciones tecnológicas”, a la vez que se promueve "el cumplimiento efectivo de la legislación laboral en la economía formal e informal".

No se hace mención, en cambio, a la precariedad o al derecho de huelga como reclamaban las centrales, una situación que se repite en las últimos pronunciamientos de OIT y que refleja las relaciones de fuerzas dentro del organismo tripartito. Con todo, el debate sobre la letra chica no está cerrado: en las próximas semanas podría haber nuevas enmiendas, según confirmaron a este medio desde la OIT.

Reforma laboral

Las tensiones latentes entre el Gobierno y el sindicalismo luego del paro del 25 de septiembre quedaron expuestas durante la conferencia en la que se acordó un mayor compromiso de los gobiernos con las instancias tripartitas. “No hay diálogo social en la Argentina”, advirtió Martínez. De buen diálogo con el Gobierno, el gremialista mantiene sus reparos frente a la estrategia oficial de mantener negociaciones por sector, en reemplazo de la CGT. Siguiendo ese esquema, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y Triaca recibieron la semana pasada al triunviro Héctor Daer junto a los gremios industriales, después de una protesta por los crecientes despidos y suspensiones en la actividad.

Director General #OIT señaló a la desigualdad como uno de los mayores desafíos de la región, donde tasa de desempleo pasó de 6,1 por ciento en 2014 a 8,8 por ciento en primer semestre de 2018 https://t.co/pLkQqZHuSn #19RRA pic.twitter.com/EAgznm9l4M — OIT América Central (@OIT_AmerCentral) 2 de octubre de 2018

El director de la OIT, en tanto, se mostró preocupado por el deterioro del mercado laboral en la región. Mientras que hace cuatro años el desempleo se encontraba en baja en un 6,1%, desde entonces inició una marcha ascendente hasta alcanzar el 8,8% en el primer semestre de este año. En Argentina, el retroceso fue más acelerado: la tasa de desocupación saltó del 8,7% al 9,6% en un año. Son los datos del INDEC del segundo trimestre que todavía no reflejan el impacto de la recesión. 

“América Latina sigue siendo la región más desigual en este mundo a pesar de los avances notables que se registraron”, advirtió Guy Ryder, quien conisderó “poco probable” que se revierta la tendencia negativa en el empleo.

En su repaso de las políticas laborales en la región, el organismo respaldó las medidas adoptadas por Macri en materia laboral. En un informe titulado “preparando el futuro que queremos en las Américas a través del diálogo social” y que fue debatido en las comisiones de trabajo, se destaca la Ley de Primer Empleo, uno de los proyectos de reforma laboral del oficialismo que quedó cajoneado en el Congreso por el rechazo sindical. 

“La OIT también ha trabajado en fomentar políticas de primer empleo, que permitan a los jóvenes contar con una primera experiencia laboral. Lo ha hecho en Argentina, que elaboró un proyecto de Ley de Primer Empleo, todavía en debate”, afirma el documento de 90 páginas, en referencia a la iniciativa que propone exenciones y subsidios a las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 24 años. 

Por último, el “efecto Bolsonaro” también generó la reacción preventiva del sector sindical que en la conferencia advirtió sobre el “avance del neoliberalismo” en la región. Fue en vísperas de las elecciones del domingo pasado en Brasil en las que el candidato ultraderechista se impuso por el 46% de los votos, un resultado bien recibido por los mercados. La discusión se reflejó en la declaración de la OIT en la que se advirtió que las instituciones democráticas “actualmente están en riesgo en varios países del hemisferio”.

Economía “colaborativa”

Uno de los debates sobre la denominada “economía colaborativa” es que mientras las empresas tecnológicas consideran a sus empleados "independientes" y "autónomos”, los sindicatos afirman que se trata de un “fraude laboral” para encubrir la relación de dependencia. 

La discusión se divide a nivel global en dos posturas: “por un lado los países cuya justicia reconoce que hay una relación de empleo y subordinación con el titular de la plataforma (Inglaterra) y otros donde se considera que son trabajadores autónomos económicamente dependientes y/o emprendedores y la plataforma solo acerca la oferta y la demanda”, explica el asesor de empresas Héctor García, del estudio homónimo.

El sindicato de choferes de Gran Bretaña (GMB) logró en 2016 un fallo que reconoce a los conductores de Uber como trabajadores. La sentencia significó el acceso de 30.000 choferes en todo ese territorio a los derechos laborales básicos como vacaciones pagas, salario mínimo y descanso.

En Argentina, el país donde más crece, Uber ya alcanzó el millón de pasajeros por mes en el país, en medio de una guerra judicial irresuelta y crecientes ataques de taxistas a conductores de Uber e incluso pasajeros. Luego de obtener en agosto el guiño de la Corte Suprema para operar, la empresa y su CEO, Mariano Otero, fueron condenados el mes pasado a pagar multas de $60.000 y a dos años de inhabilitación por organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.

En la secretaría de Triaca reconocen que hay una "demora" en la regulación de las plataformas 4.0 debido a su reciente desembarco (Uber llegó en 2016, mientras que Rappi y Glovo lo hicieron en marzo de este año), pero sostienen que su irrupción "no debe ser motivo para avasallar derechos”. Una de las vías que analizan por estas horas es extender a otros sectores el convenio al que arribaron en julio las cámaras de venta y distribución de diarios y revistas con los canillitas, que les permite entregar correspondencia, productos adquiridos a través del comercio electrónico y tarjetas de crédito y de débito, junto con DNI y pasaportes. 

Desde que se instalaron, las plataformas brindaron capacitación a más de 10.000 personas en Buenos Aires. En el caso de los “rappitenderos” o “glovers” -la denominación utilizada por las empresas para referirse a sus empleados-, les aseguran que pueden elegir su propio horario y ser sus propios jefes. Pero en la práctica no gozan de días por enfermedad, presentismo, el trabajo por jornada nocturna ni horas extra. A esto se suman las bajas remuneraciones, la fijación arbitraria de las tarifas y el cambio de las condiciones de trabajo prometidas. Esos son algunos de los reclamos que hicieron los repartidores de Rappi en julio durante la realización de su primera huelga en el país.

“Glovo y Rappi no cumplen con ninguna de las regulaciones vigentes, lo que nos empuja a un estado de conflicto casi permanente”, adivirtió a este medio la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios (ASiMM), liderada por Marcelo Pariente.

En la sede del gremio, se realizó en agosto la primera asamblea de trabajadores de Rappi. Allí les informaron sobre las normativas vigentes, como es el caso del subregistro de Mensajería Urbana (2011), el registro único de trabajadores en motovehiculos y ciclorodados (2016), la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio colectivo de la actividad 722 (2015).

En el último tiempo, los trabajadores de mensajerías virtuales (apps) comenzaron a afiliarse o acercarse al gremio motoquero, que ya encuadró en su convenio a más de 1.000 repartidores de las nuevas plataformas. El caso testigo es de la uruguaya Pedidos Ya que ya inició un proceso de negociación para regularizar a su personal, mientras las otras dos empresas de delivery mantienen conversaciones con la entidad sindical, sin avances hasta el momento.