Tras la polémica creada por la saturación en el sistema de salud porteño, una diputada del PRO propone establecer un nuevo régimen migratorio que contempla un sistema para evitar la permanencia ilegal de extranjeros, ante el aumento de delitos cometidos por ciudadanos de países limítrofes, sobre todo vinculados con el narcotráfico.

El proyecto lleva la firma de la diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires, Patricia Vásquez y establece una política migratoria exigente para reducir delitos cometidos por extranjeros y hasta el cobro de aranceles para evitar los denominados "tours sanitarios".

Según el texto, "la realidad actual en términos de seguridad no solo ha empeorado respecto de 2017, sino que ha expuesto al país y a los argentinos a situaciones de graves riesgos que atentan contra la paz interior y la seguridad individual en todo el territorio de la República Argentina".

Para la diputada del PRO, "con el paso de estos últimos cuatro años, lo único que hemos visto es el absoluto abandono de controles fronterizos que hayan permitido evitar los riesgos de seguridad nacional a los que nos vemos hoy expuestos. Esta realidad, de público y notorio conocimiento configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En ese sentido, Vásquez propone "ajustar la legislación migratoria a la nueva realidad, sin menoscabo de los derechos y garantías de los migrantes y preservando adecuadamente la seguridad pública".

¿Qué dice el proyecto?

Si se aprueba el proyecto, que podría ser debatido en el marco de las sesiones ordinarias del Congreso que comienzan el 1 de marzo próximo, los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios", o "residentes transitorios".

Buscan endurecer la política migratoria

Sin embargo, y hasta que se formalice el trámite correspondiente, se les podrá conceder una autorización de "residencia precaria", que podrá ser revocable cuando no se cumplan con los requisitos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento.

De acuerdo al texto, la validez de esa residencia será de hasta 90 días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia.

¿A quiénes se les impedirá el ingreso al país?

Los extranjeros que presenten documentación falsa o adulterada o no informen sobre la existencia de antecedentes penales o condenas previas, podrán ser expulsados del país por 5 años.

El proyecto establece que no podrán ingresar al país, aquellos extranjeros que hayan sido condenados o bien que se encuentren cumpliendo condena o tengan antecedentes o condenas no firmes en la Argentina o en el exterior.

Tampoco podrán ingresar al país aquellos extranjeros que tengan antecedentes o condena no firme por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.

Otro de los impedimentos para el ingreso es haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.

La cancelación de la residencia obliga a abandonar el país dentro del plazo que se fije o la expulsión del país, la cual prohíbe el reingreso permanente o por un término que no podrá ser inferior a 8 años.

El proyecto busca exigir a los extranjeros tener seguro de salud para ingresar al país

¿Se terminan los tours médicos?

Si bien se establece que el acceso al derecho a la salud pública a extranjeros en casos urgentes, emergencia y con riesgo de vida, no podrá negársele cualquiera sea su situación migratoria, el proyecto obliga a presentar un seguro de salud para la realización de estudios, cirugías o intervenciones programadas de cualquier naturaleza o especialidad.

De hecho, el proyecto establece que los extranjeros que ingresen al país y que aún no hayan obtenido la residencia legal, deberán contar con el correspondiente seguro de salud obligatorio.

"Nuestro país atraviesa una emergencia sanitaria grave que requiere tomar decisiones equilibradas orientadas a preservar el adecuado servicio de salud pública a nuestros ciudadanos nativos y adecuarnos a las regulaciones en la mayoría de los países del mundo. Por ello, se establece la obligatoriedad de un seguro de salud y asistencia al viajero con amplia cobertura como condición necesaria de ingreso a nuestro país", asegura la diputada del PRO.

Pone el ejemplo de Argelia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Chipre, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Israel, Irán, Jordania, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Namibia, Omán, Paraguay, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Rumania, Rusia, Surinam, Suecia, Suiza, Tailandia, Turkmenistán y Ucrania, que obligan a los extranjeros a tener un seguro de salud para ingresar a esos países.

"No es justo desde ningún punto de vista que los argentinos con el esfuerzo del pago de nuestros impuestos tengamos que seguir sosteniendo la cobertura de cirugías y tratamiento programados de extranjeros que solo ingresan al país para usufructuar nuestras dependencias sanitarias públicas y regresar a su país de origen restando además capacidad operativa de las mismas para brindar un adecuado servicio de salud a quienes mantenemos su costo", sostiene la diputada en los fundamentos del proyecto.

Según la diputada, "lo correcto, justo y equitativo debe ser la creación de un sistema de acuerdos internacionales y aranceles compensatorios como se propone, así como la obligatoriedad de seguro médico obligatorio y asistencia con amplia cobertura para extranjeros que ingresen al país".

¿Cómo es el actual régimen de Migraciones?

¿Cómo es la actual política migratoria?

A partir de 2003, se ha regularizado la situación documentaria de cientos de miles de migrantes que residían en el país, ya que se facilitaron las radicaciones regulares y se otorgó una residencia temporaria a aquellas personas que quieran radicarse en el país y que provengan de los países del Mercosur, Chile y Bolivia y no presenten antecedentes penales.

Asimismo, quiénes provienen de otras regiones deben presentar todavía algún criterio vincular, de estudio o trabajo, por ejemplo.

De acuerdo a esa legislación, el Estado Argentino otorga la residencia permanente a aquellos extranjeros que presenten algún vínculo familiar directo (padre/madre/hijo/hija/cónyuge) con ciudadano argentino o residente permanente o, en el caso de quiénes provienen de países del MERCOSUR (Estados Parte y Asociados), tengan arraigo por haber gozado de la residencia temporaria por 2 años continuos.

Esa "Ley de Migraciones" -aprobada durante el kirchnerismo- inauguró de esa manera un cambio profundo en la relación del Estado con los extranjeros y adoptó un enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las migraciones, ya que buscó garantizar la reagrupación familiar, el acceso igualitario a la educación y a la salud como derechos inalienables de las personas migrantes, estableciendo la igualdad de derechos entre ciudadanos nacionales y extranjeros.

A su vez, representó el primer antecedente de una política migratoria orientada a la integración del bloque regional.

Según datos oficiales, la cantidad de personas nacidas en el exterior con DNI con proceso digital y residencia en Argentina al mes de agosto de 2022 era de 3.033.786 y en cuanto al lugar de nacimiento de las personas nacidas en el extranjero se evidencia una predominancia de los países de América del Sur (más del 87,1% del total).

El gobierno de Macri había endurecido esa política migratoria por decreto, pero en 2021, el expresidente Alberto Fernández derogó esa medida que ponía límites al ingreso de extranjeros porque, según consideraron, esas medidas agravaban "exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".

Ahora, con este proyecto se busca reflotar esa política impulsada por Macri, pero esta vez a través de una normativa que cuente en definitiva con el respaldo del Congreso.